El empresario del sector inmobiliario se benefició con el programa de regularización urbanística que implementó Enrique Alfaro cuando se desempeñó como alcalde de Guadalajara, lo que le permitió normalizar su situación legal tras convenir pagos y donaciones al municipio
Nov 26, 2020|Luis Herrera|Reporte Indigo. José Felipe Tomé Velázquez, dueño de Citi Capital, fue uno de los beneficiarios del polémico programa de regularización inmobiliaria que implementó como alcalde de Guadalajara el hoy gobernador, Enrique Alfaro Ramírez.
Por motivos que aún no determina la Fiscalía de Jalisco, un grupo armado privó de la libertad al empresario en Puerto Vallarta el domingo y su cuerpo fue encontrado este martes en Nayarit.
En 2016, el Gobierno de Guadalajara, que entonces era encabezado por Alfaro Ramírez, incluyó el complejo inmobiliario Cititower, propiedad de Felipe Tomé Velázquez, en el programa municipal de Compensación, Indemnización y Mitigación por Acciones Urbanísticas, un esquema muy cuestionado porque se consideraba que “regularizaba lo ilegal”
El programa les daba la oportunidad a los empresarios inmobiliarios de que pusieran en orden los desarrollos de su propiedad que les hubieran sido autorizados violando la ley y los planes parciales de desarrollo urbano durante el trienio que había antecedido al alfarista, es decir, el que encabezó el priista Ramiro Hernández García (2012-2015).
Uno de esos desarrollos inmobiliarios que habían sido autorizados contraviniendo la legislación urbanística era Cititower. Al inicio, el Gobierno municipal de Alfaro Ramírez optó por combatir legalmente las licencias y dictámenes del proyecto.
Así se corrobora en el reporte 2452/SIN/ES/2015 que elaboró la Sindicatura dentro del proceso de entrega-recepción en 2015 y donde detalla las acciones judiciales que estaba promoviendo para cancelar las autorizaciones del desarrollo de Felipe Tomé Velázquez:
“Juicio de Lesividad. Presentado en contra de la indebida emisión de la licencia de construcción mayor y dictamen de trazos, usos y destinos específicos del edificio denominado City Tower (sic). La demanda presentada ante el Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco (TAE), se encuentra en espera de admisión”.
Sin embargo, en la administración municipal de Alfaro Ramírez se le permitió a Tomé Velázquez que regularizara la situación legal de su complejo inmobiliario, siempre y cuando accediera a cumplir con distintos pagos y donaciones, según consta en el “Decreto que aprueba la Compensación, Indemnización y Mitigación de la acción urbanística del predio ubicado en la Avenida México número 2582” fechado el 10 de junio de 2016.
ORÍGENES SIN COMPROBAR
Las irregularidades que presentaban las autorizaciones del desarrollo Cititower emitidas originalmente por la administración del priista Hernández García (hoy presidente del PRI Jalisco) no eran cosa menor, según lo denunciaría en su momento la fracción edilicia panista.
El grupo del PAN, que en ese trienio encabezaba el exgobernador Alberto Cárdenas Jiménez, aseguró que el plan parcial de desarrollo donde se ubica Cititower le permitía a Felipe Tomé Velázquez un máximo de 73 unidades de vivienda y una altura de ocho niveles, aunque Obras Públicas de Guadalajara le había concedido un dictamen de uso de suelo para 200 unidades de vivienda y una altura de 23 pisos en dos torres.
Pese a esos antecedentes de ilegalidad, la administración de Alfaro Ramírez pasó por alto el origen del desarrollo de Felipe Tomé Velázquez, tras convenir con éste el pago de más de 13 millones de pesos, según el punto Primero del decreto municipal citado:
“Primero. Se aprueba la Compensación, Indemnización y Mitigación de la Acción Urbanística del predio ubicado en Avenida México número 2582, a cargo de ‘CITITOWER GDL’, por la cantidad de $13’127,400.00, resultante de multiplicar los 26,254.80 metros cuadrados de construcción por la cantidad de $500.00, cantidad que corresponde a la tarifa por metro cuadrado como contribución especial por incremento en el coeficiente de utilización de suelo”.
En el punto Segundo se determinó que el desarrollo debía eliminar solo una fracción del excedente constructivo: “Segundo. Se determina y se ordena la demolición de 2,500 metros cuadrados de la acción urbanística en cuestión a costa del solicitante, en los términos de los dictámenes técnicos respectivos, a fin de reducir el impacto generado por la acción urbanística objeto del presente dictamen”.
Posteriormente, se fijó una segunda cantidad a pagar por el excedente constructivo que se le permitió conservar al complejo: “Tercero. Una vez realizada la demolición referida en el punto que antecede, el excedente constructivo disminuirá de 6,081.40 metros cuadrados a 3581.04 metros cuadrados, el cual se cuantifica en la cantidad de $31’692,204.00, resultantes de multiplicar los 3,581.04 metros cuadrados de construcción excedente restante, por la cantidad de $8,850.00, que corresponde al valor catastral del metro cuadrado de terreno del predio“.
Al empresario se le permitió que esta segunda cifra por más de 31 millones de pesos pudiera ser cubierta con donaciones: “Cuarto. (…) a fin de minimizar el impacto generado por la acción urbanística objeto del presente dictamen, el solicitante podrá pagar en especie a cuenta del monto determinado por concepto de compensación por excedente constructivo, mismo que quedó determinado en el punto resolutivo que antecede y que asciende a $31’692,204.00”.
Entre las donaciones que se le solicitaron al empresario con dicho fin se incluyó un inmueble en la calle Reforma y Tomás V. Gómez de 300 m2, la construcción de un parque y plazoleta, y otros equipos e insumos para el municipio.
También se le solicitaron Acciones de Mitigación en Materia Ambiental, y de Movilidad y Transporte para su desarrollo, y un Plan de Manejo y Sustitución de Arbolado Urbano.
